Los municipios se han dedicado tradicionalmente a la administración de las ciudades, brindando principalmente bienes y servicios relacionados con el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura urbana local y con el alumbrado y la limpieza de las calles. Sin embargo, a lo largo de los últimos veinte años, la mayoría de los municipios argentinos ha asumido nuevas y crecientes responsabilidades, producto de los procesos de descentralización y de las crecientes demandas sociales. Los gobiernos locales, por su proximidad, han sido más sensibles a los cambios sociales, económicos y tecnológicos y en general han demostrado mayor iniciativa y eficacia para dar respuestas. Pero, fundamentalmente, evidenciaron más capacidad para actuar con flexibilidad y para innovar a la hora de crear instrumentos y mecanismos que respondan a los desafíos actuales.
En la realidad, los avances no han sido homogéneos, ya que existen municipios que han avanzado en todas las funciones mencionadas, otros que han incursionado sólo en algunas de ellas, y finalmente existen algunos que siguen prestando únicamente los servicios tradicionales...
Jordi Borja cita algunas de las nuevas responsabilidades que han asumido los gobiernos locales en los últimos años, las que al mismo tiempo requieren formas innovadoras de participación (Borja, J. Gobiernos locales, políticas públicas y participación ciudadana):
• La promoción exterior de la ciudad, el marketing urbano, la atracción de inversiones y de nuevas actividades, la valorización de la marca local.
• La reconversión de la base económica, la generación de lugares de trabajo, la formación continua de recursos humanos, la calidad de la educación.
• La formulación de planes integrales para zonas obsoletas o en crisis, degradadas, marginales o mal urbanizadas (tanto en áreas centrales como periféricas); la creación de nuevas centralidades.
• El desarrollo de programas de sustentabilidad, de calidad ambiental y de salud pública.
• La aplicación de políticas especificas hacia grupos vulnerables o con problemáticas específicas.
• El desarrollo de programas de seguridad ciudadana y de cohesión social (en especial, de carácter preventivo), así como el establecimiento de una ágil justicia local.
• La protección o defensa de oficio de los ciudadanos ante otras administraciones o empresas de servicios de naturaleza pública y, en general, de sus intereses como usuarios y consumidores.
• La concertación y coordinación con el Estado (en algunos casos también con entidades económicas) de las grandes infraestructuras comunicacionales, energéticas, tecnológicas, industriales o comerciales que tengan fuerte impacto sobre el territorio.
• La constitución de redes de cooperación con otros municipios y entidades supramunicipales para definir estrategias conjuntas y prestaciones de servicios en común.
En la realidad, los avances no han sido homogéneos, ya que existen municipios que han avanzado en todas las funciones mencionadas, otros que han incursionado sólo en algunas de ellas, y finalmente existen algunos que siguen prestando únicamente los servicios tradicionales...
Jordi Borja cita algunas de las nuevas responsabilidades que han asumido los gobiernos locales en los últimos años, las que al mismo tiempo requieren formas innovadoras de participación (Borja, J. Gobiernos locales, políticas públicas y participación ciudadana):
• La promoción exterior de la ciudad, el marketing urbano, la atracción de inversiones y de nuevas actividades, la valorización de la marca local.
• La reconversión de la base económica, la generación de lugares de trabajo, la formación continua de recursos humanos, la calidad de la educación.
• La formulación de planes integrales para zonas obsoletas o en crisis, degradadas, marginales o mal urbanizadas (tanto en áreas centrales como periféricas); la creación de nuevas centralidades.
• El desarrollo de programas de sustentabilidad, de calidad ambiental y de salud pública.
• La aplicación de políticas especificas hacia grupos vulnerables o con problemáticas específicas.
• El desarrollo de programas de seguridad ciudadana y de cohesión social (en especial, de carácter preventivo), así como el establecimiento de una ágil justicia local.
• La protección o defensa de oficio de los ciudadanos ante otras administraciones o empresas de servicios de naturaleza pública y, en general, de sus intereses como usuarios y consumidores.
• La concertación y coordinación con el Estado (en algunos casos también con entidades económicas) de las grandes infraestructuras comunicacionales, energéticas, tecnológicas, industriales o comerciales que tengan fuerte impacto sobre el territorio.
• La constitución de redes de cooperación con otros municipios y entidades supramunicipales para definir estrategias conjuntas y prestaciones de servicios en común.
